Manel Lopez Esteve*

El 6 de octubre de 1934, poco después de las ocho de la tarde, el presidente del gobierno catalán Lluís Companys proclamaba desde el balcón del Palau de la Generalitat «el Estado Catalán de la República Federal española». La acción de Companys fue caracterizada tanto por sus coetáneos como con posterioridad con absoluta disparidad: un grave error político, una acción aventurista, un golpe separatista o, incluso, un presagio de lo que sucedería con el inicio de la guerra civil. Pero de qué hablamos cuando nos referimos al 6 de octubre? Dejando de lado falsas analogías y lecturas anacrónicas, es necesario inserir el octubre catalán de 1934 en su contexto y en sus coordenadas históricas: la experiencia democratizadora de la Segunda República y la coyuntura histórica del mundo de entreguerras.

El largo y tenso 1934: del fin del proyecto reformador al conflicto de la ley de contratos

Las elecciones legislativas de noviembre de 1933 supusieron un cambio de rumbo en el desarrollo de la República del 14 de abril. Fue el principio del fin de los proyectos reformadores de la coalición republicano-socialista, de las medidas concretas aplicadas durante el primer bienio y de la obra legislativa de las cortes constituyentes republicana. Aun reconociendo la autonomía relativa de la acción del Partido Radical de Lerroux en el gobierno respeto a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), la dinámica gubernamental iniciada en noviembre de 1933 se caracterizó por la ofensiva sistemática contra los principales pilares del proyecto reformador del primer bienio: la legislación y las condiciones laborales y sociales de los trabajadores urbanos, la reforma agraria, la política de secularización y la cuestión autonómica, básicamente la catalana aunque se acabó sumando la vasca. Por mucho que la CEDA no formara parte del gobierno hasta octubre de 1934, que el desmontaje de la obra del primer bienio no se acompañara en todos los casos de la derogación legal y que en algunos aspectos se produjera la continuidad o, incluso, la profundización de algunas medidas reformadoras de los republicanos-socialistas en términos generales lo que se ensayó a partir de noviembre de 1933 fue el intento de acabar con los débiles fundamentos de la República como proyecto social reformador de largo alcance

Entre los últimos meses de 1933 y octubre de 1934, Cataluña se caracterizó por tener un marco político y social plenamente diferenciado del resto del Estado. Este marco político se había articulado, muy especialmente, desde la proclamación de la República el 14 de abril de 1931 Hasta 1936 Cataluña mantuvo una situación de excepcionalidad dentro de la República española: era la única autonomía existente en todo el Estado.

El escenario diferenciado de Cataluña produjo una dinámica interna durante 1934 que condujo a la acción de fuerza del 6 de octubre. En primer lugar, los resultados de las elecciones legislativas republicanas habían dibujado una configuración política particular: si en todo el Estado los republicanos de izquierdas y los socialistas se hundían mientras la derecha antirrepublicana de Gil Robles, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA ), y los lerrouxistas salían victoriosos, en Cataluña, en cambio, la derecha catalanista de la Liga Catalana (LC) ganaba las elecciones pero con muy poca diferencia respecto el republicanismo catalanista de izquierdas. En segundo lugar, la muerte de Francesc Macià, primer presidente de la Generalitat republicana, en diciembre de 1933, convirtió en nuevo presidente del gobierno al también miembro de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Lluís Companys. Companys formó un gobierno de concentración izquierdista y catalanista que dio un renovado impulso al autogobierno de Cataluña y que, además, se vio reforzado con los buenos resultados de las elecciones municipales de enero de 1934 El contraste entre la realidad catalana y la situación política española se hizo más que evidente: si en Cataluña había un gobierno republicano catalanista que pretendía profundizar en la autonomía y en una amplio programa de reforma social en el gobierno del Estado eran los lerrouxistas con el apoyo de la CEDA los que tenían en sus manos el futuro de la República. A partir de este momento, la Cataluña autónoma, republicana e izquierdista se convirtió en el caballo de batalla predilecto de las derechas antirrepublicanas para acabar con la democracia republicana. El anticatalanismo era un elemento distintivo de la derecha antirrepublicana, al igual que lo era la exaltación de la «antidemocracia». En este sentido, la preponderancia de la CEDA a partir de noviembre de 1933 suponía un desafío absoluto a la legitimidad y viabilidad de la Cataluña republicana y sus instituciones. Por este motivo, una cuestión como la Ley de contratos de cultivo pasó a ocupar un lugar central en la política española.

La ley de contratos de cultivo había sido aprobada por el Parlamento de Cataluña en abril de 1934 como medida para facilitar que rabassaires y campesinos pobres se convirtieran en propietarios de la tierra que trabajaban. No se trataba de ninguna ley revolucionaria. Seguía lo establecido en otras reformas similares en toda Europa de respeto a la propiedad privada de la tierra. Para las derechas antirrepublicanas, con el apoyo entusiasta de las derechas catalanas, el conflicto sobre la ley de contratos resultaba especialmente manipulable por lo que tenía de indisociable con el llamado «problema catalán». Inicialmente fue la principal fuerza conservadora de Cataluña, la Liga, quien, en compañía del partido de Alejandro Lerroux, cuestionó la legitimidad de la autonomía y la soberanía catalana. Se pedía al gobierno central que llevara la Ley de contratos ante el Tribunal de Garantías Constitucionales con el argumento de que el parlamento de Cataluña no tenía competencias para legislar sobre la materia. La consecuencia directa de la acción de la Liga, lerrouxistas y el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (IACSI) fue la de poner en duda la legitimidad de la autonomía catalana y facilitar que las derechas antirrepublicanas convirtiesen el anticatalanismo como uno de los grandes ejes de su acción.

El Tribunal de Garantías Constitucionales declaró nula la ley de contratos de cultivo el 8 de junio de 1934. Cuatro días más tarde el Parlamento catalán aprobaba una nueva Ley de contratos totalmente idéntica a la votada anteriormente. Finalmente, la fórmula legal que resolvió el conflicto fue la de añadir un artículo adicional a la Ley de Contratos que permitía poner en consonancia los preceptos de ésta con la Constitución. La solución jurídica quedaba resuelta pero ésta no tenía ninguna posibilidad sin la solución política. Esta última, por diversos motivos, no llegaría.

El gobierno de la Generalitat ante la crisis de octubre

A pesar de la voluntad negociadora del presidente del gobierno de la República, Ricardo Samper, la fuerza de la CEDA y la división sobre la cuestión catalana en el interior del gobierno convertía la resolución negociada en una salida extremadamente débil. Gil Robles pedía la aplicación rigurosa de la ley contra la «rebeldía separatista» de la Generalidad. El dirigente de la CEDA consideraba la solución negociada como una claudicación ante el gobierno catalán. Cuando el 1 de octubre se reanudó la actividad parlamentaria en las Cortes republicanas la crisis de gobierno estaba servida. La dimisión de Samper fue acompañada de un «Nosotros Tenemos conciencia de Nuestra Fuerza, aquí y fuera de aquí» por parte de Gil Robles.

Desde que se conoció la solución dada a la crisis del gobierno Samper el gobierno de la Generalidad quedó reunido de manera permanente. La entrada de los ministros de la CEDA en el gobierno de la República suponía, según la editorial del periódico catalanista y de izquierdas L’Opinió, «el desprestigio de las instituciones republicanas, el triunfo seguro, inevitable, de un fascismo católico». En el mismo sentido se expresaba La Humanitat, periódico afín a ERC, «es hora de defender hasta todos los extremos nuestra ciudadanía ejemplar y democrática. ¿Esto puede hacerse con palabras? Creemos que ya es tarde. ¡Alerta las izquierdas nacionalistas y republicanas de Cataluña! Ha sonado la hora de la movilización».

¿Qué suponía la presencia de la CEDA en el gobierno de la República? Para importantes sectores de la sociedad una amenaza más que clara contra la autonomía, el proyecto socialmente reformador del gobierno catalán y los pequeños avances conseguidos desde de abril de 1931 La CEDA de Gil Robles amparaba la violencia política de la derecha antirrepublicana y transitaba por el camino de los fascismos. Gil Robles había vuelto entusiasmado del congreso del Partido Nazi en Nuremberg y el temor a lo que había sucedido en Alemania, Austria y también en Italia estaba muy presente entre sectores importantes de la sociedad catalana. El ascenso de los fascismos, la agudización de la confrontación social y política en Cataluña, el cambio de rumbo al frente de la República a partir de noviembre de 1933 y la conflictividad entre las instituciones catalanas y las del Estado llevaron al punto de partida del 6 de octubre.

La proclamación del Estado Catalán y los hechos de octubre en Cataluña

¿Qué hizo el gobierno catalán ante esta situación? Como es sabido, Lluís Companys proclamó el «Estado Catalán de la República federal española». La decisión de Companys no respondía ni a una supeditación de la política catalana a la española, como recientemente todavía se argumenta, ni mucho menos a cuestiones de índole personal del presidente. La iniciativa del gobierno Companys tenía dos objetivos: ir más allá en la autonomía catalana a través de la República federal y profundizar en el proyecto socialmente reformador. Para ello necesitaba una movilización popular fuerte, una cierta capacidad armada y un escenario de protesta generalizada en todo el Estado, que habían de garantizar los socialistas. Ninguna de estas condiciones se cumplieron con suficiente solidez y la consecuencia fue el derrumbe de la acción de Companys.

Por otra parte, en el interior del gobierno catalán existía otro planteamiento representado por el consejero de Gobernación y cabeza visible de les “Joventuts d’Esquerra Estat Català” (JEREC) Josep Dencàs. En este caso, se trataba de impulsar una estrategia gubernamental separatista: la separación política utilizando las instituciones autonómicas y contemplando un escenario revolucionario en todo el Estado, que sólo terminaría sucediendo en Asturias. La iniciativa de Dencàs y el separatismo gubernamental pretendía repetir un gesto similar a la proclamación de la República Catalana de Macià de 1931. La fallida inmediata de la acción armada que comandaba Dencàs, con la inacción absoluta de las fuerzas paramilitares de las JEREC , derrumbó la estrategia gubernamental separatista y la propia iniciativa de Companys. En este sentido, la falta de unanimidad entre los miembros del gobierno, la falta de unos objetivos políticos claramente definidos y la falta de preparación de la movilización explican porque el General Domingo Batet, con una guarnición de poco más de 2000 hombres, consiguió sofocar el movimiento en Barcelona en pocas horas.

Al margen de la acción del presidente Companys y de la estrategia del separatismo gubernamental existían otros objetivos y estrategias. La Alianza Obrera, que agrupaba todas las fuerzas obreras fuera de la CNT, planteaba la necesidad de proclamar la República Catalana y activar una insurrección social generalizada. Su estrategia fracasó en Barcelona pero resultó exitosa en muchos pueblos y ciudades, tanto urbanos como rurales. En algunos de los principales centros industriales de Cataluña, Mataró, Badalona, Vilanova y la Geltrú, etc, la proclamación de la República Catalana o el Estado Catalán fue acompañada de una confrontación socialmente revolucionaria. Lo mismo sucedió en los principales centros agrarios de Cataluña como Vilafranca del Penedès, Valls o varios pueblos del Priorat y las comarcas de Lleida. Además, en varios casos se produjo una participación activa de varios núcleos anarcosindicalistas en los hechos revolucionarios. En todo caso, la amplia movilización popular que se produjo en Cataluña entre el 4 y el 10 de octubre quedó abortada en ser derrotada la iniciativa política del gobierno Companys en Barcelona.

Las consecuencias de los hechos de octubre

La acción de Companys el 6 de octubre fue la de un jefe de gobierno que actuó en un sentido gubernamental: no se limitó a gestionar el marco político fijado sino que puso en marcha una acción dirigida a redefinir el Estado republicano y la autonomía catalana ante la amenaza posible de liquidación de ambas. La entrada de la CEDA en el gobierno del Estado representaba esta amenaza en 1934. Más que como una muestra de la falta de acatamiento de los mecanismos de la democracia representativa, la acción de Companys debe ser vista como parte de aquel amplio movimiento que existía en toda Europa y que quería reformular los fundamentos del Estado democrático frente a la amenaza de la consolidación de los fascismos. Amplios sectores de la sociedad catalana percibían que esta amenaza contra la democracia republicana, la autonomía, los derechos sociales y políticos y el movimiento obrero era más que real. Este hecho explica porque coincidieron en la iniciativa del gobierno Companys una serie de movilizaciones de carácter muy diverso.

La derrota de octubre significó la suspensión de la autonomía, una represión social y política generalizada, con más de 5.000 encarcelados, la militarización de la vida pública, la clausura de entidades sociales, políticas y culturales, el fin de la catalanización popular y el empeoramiento de las condiciones laborales de una buena parte de la población. Al mismo tiempo, la experiencia de octubre y los efectos de la represión se convirtieron en elementos centrales del antifascismo y el frentepopulismo catalán. Algunos hablaron de una derrota fecunda que, en julio de 1936, permitió derrotar el golpe de Estado militar y fascista en Cataluña.

*Manel López es historiador y profesor de la UdL

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