Juan Pedro Quiñonero

El actual propietario de «Informaciones», Sebastián Auger, ha hundido en doce meses de gestión una empresa y dejado en paro a trescientas familias, dinamitando un producto que goza de prestigio y respetabilidad, mediante la manipulación, el chanchullo y el cambalacheo político. La peligrosidad social de este atentado contra los bienes cívicos y culturales de la colectividad no está penalizada en la legislación vigente.

Durante una década -en mi caso, doce años y medio- trescien­tas personas fabricaron artesanal y diariamente un producto de ambiguo consumo (el vespertino madrileño «Informaciones») que gozó de un prestigio y respeta­bilidad reales.

Como cabezas visibles de dicho trabajo colectivo hay que recor­dar, en primer lugar, para hacer justicia, a Jesús y a Víctor de la Serna. En el producto «Informacio­nes» se confundían algunas carac­terísticas elementales: liberalismo conservador en los editoriales (fue el periódico de UCD antes que éste naciese), respeto por las opiniones ajenas, objetividad ponderada. La personalidad firme de subdirecto­res y redactores jefes imprimió algunos caracteres elementales: una cierta agresividad informati­va, una mesurada independencia de criterio.

El trabajo de reporteros, críti­cos, redactores, publicitarios, administradores y administrati­vos, técnicos y operarios, obreros y distribuidores, durante una déca­da, de modo anónimo en la mayo­ría de los casos, se consolidó fra­guando una mercancía digna y presentable, bien establecida y respetada en el mercado por su solvencia.

No obstante, el valor añadido, la plusvalía económica y moral del trabajo de quienes realizamos «Informaciones», durante más de diez años de trabajo en común (el último equipo del periódico, deca­no de la prensa vespertina madri­leña) no esta contabilizado en nin­guna cuenta corriente.

Irresponsabilidad empresarial

Hoy,  por el contrario, el derecho a la más elemental libertad de expresión laboral de los restos de dicho equipo está amenazado de modo mortal por la irresponsabili­dad empresarial, la indigencia profesional y el peligroso aventurerismo político y «periodístico» del actual propietario de «Informacio­nes»,  Sebastián Auger.

En contra de cualquier aparien­cia, el hundimiento de «Informa­ciones» está perpetrado a través de la violación permanente y feroz de las más elementales reglas de  deontología profesional: manipu­lación informativa; coacción polí­tica: enjuague, cabildeo y arribis­mo editorial.

La sorda labor de torpedeo y destrucción del periódico se consu­ma en dos etapas distintas con caracteres particulares:

Primera etapa.— Dirige el perió­dico (desde la Navidad del 78) Guillermo Solana, y actúa como redactor-jefe. con poderes muy extensos y discrecionales, Fernan­do González.

A titulo y responsabilidad indi­vidual, pero representando la opi­nión de los corresponsales en el extranjero (Felipe Magaña, en Nueva York; José Luis Muñiiz, en Roma) planteé al director de «Informaciones» el 8 de mayo de 1979 un grave problema de ética profesional: manipulaciones infor­mativas y políticas cometidas de modo sistemático, permanente, por un redactor jefe (F.G.) comen­tándole por escrito: «Los abusos que. estimo, se han cometido con­tra mi trabajo y contra la informa­ción dirigida al lector, creo que también son perjudiciales para la economía y el respeto de nuestro periódico, ante la opinión, ya que es nuestra ética colectiva y nues­tro respeto a la verdad lo que está en juego. »

Paralelamente, me dirigí al redactor jefe responsable de las manipulaciones informativas, insistiendo en que consideraba sus abusos como un problema que debería resolver un tribunal de éti­ca profesional. A lo largo de un detallado informe -del que guardo copia lógicamente- describía minu­ciosamente los mecanismos de censura y las manipulaciones más burdas e incalificables.

El editor, el director, todas las jerarquías del periódico, conocie­ron dicho informe y el proyecto de plantear el caso ante un tribunal de ética profesional.

La gravedad de un proceso de esta índole, contra todas las jerarquías del periódico, en nombre de la ética profesional, planteado por el corresponsal en París —redactor de «Informaciones» desde el otoño de 1967. doce años atrás— no tuvo ninguna respuesta escrita: telefó­nica y personalmente, fui disuadi­do del proyecto de plantear mis acusaciones públicamente; como argumento, se me subrayó que no volverían a producirse» tales aten­tados contra el más elemental tra­bajo periodístico.

Los casos aislados y personales, con frecuencia, son del todo irrele­vantes e insignificantes. Y el mío no tiene por qué ser una excep­ción. No obstante, a través de este discurso se trata de denunciar, como quizá haya advertido el lec­tor, un proceso de erosión peligro­so para las mercancías informati­vas: de como deformando, mani­pulando y degradando unos obje­tos muy sensibles (las palabras, hilvanando informaciones) se con­dena a la ruina y el descrédito un objeto y una empresa que exigen, para su prosperidad, basada en la transmisión rápida de noticias, una limpieza de criterio escrupulosa e intachable: sin la cual, el lector es victima de una estafa y un abuso (y acabará por abandonar a su triste suerte a un producto que intenta seducirlo con mentiras y excesos) y el «periodista» cumple las funciones del correveidile y el lacayo.

Manipulaciones

Tras seis meses de manejos y chanchullos, había concluido la «primera etapa» del tinglado «empresarial» llamado a concluir con el cierre del periódico. Duran­te ese intervalo, los atentados más llamativos contra «Informaciones» —dejando ahora al margen defi­ciencias de gestión de gravedad paralelas al aventurerismo políti­co- fueron elementales y decisi­vas: destrucción minuciosa de los principios básicos de la actividad periodística, conviniendo el traba­jo (del corresponsal en el extranje­ro, en mi caso) en una labor políti­camente cercenada, manipulada por directrices propias del comisa­rio político, el compinche o el arri­bista. Diez años de trabajo inverti­dos en la conquista de un mercado de lectores quedaban dinamitados por el nepotismo empresarial y el más turbio (por confuso) cambala­cheo político.

Segunda etapa.- Se inicia con la contratación como director de Emilio Romero, en el verano del 79, en un momento que no puedo precisar, pero que es del todo irrelevante en esta historia triste y te­rrible.

El primer semestre del 79 se distinguió por la manipulación política. El segundo tendría un carácter «folklórico». Emilio Rome­ro consagró todo su tiempo a lle­nar nuestro periódico de ordina­rieces, horóscopos, ciencias ocul­tas, consultorios, titulares falsos, desproporcionados, mentirosos y pueriles. Todo lo que había sido construido con esfuerzo durante una década (mesura, objetividad, respeto) fue dinamitado con alegre irresponsabilidad: E. R. aparecía en primera, tercera y última pági­na: en el correo de los lectores, incluso en el Horóscopo. «Informa­ciones» pasó a convenirse en una equivoca plataforma personal don­de su director en funciones utiliza­ba en beneficio propio, de modo abusivo y particularmente lesivo para la credibilidad de! periódico, todo tipo de recursos humanos y económicos.

Atentado contra bienes públicos

En doce meses de gestión (???),  el actual propietario del periódico,  Auger,  batió un récord ingrato y amargo: hundir una empresa (una más), dejar en el paro a trescientas familias, dinamitar de modo horri­ble, vulgar y turbio, un producto digno en el que perdieron diez años de su vida dos centenares de profesionales.

Sin duda, la legislación vigente no penaliza la peligrosidad social en una de sus variantes más gra­ves y amenazantes en las socieda­des industriales: el atentado impu­ne contra los bienes cívicos y cul­turales de consumo público y pro­ducción colectiva. Será castigado el ladrón que roba un libro, el incendiario que destruye un edifi­cio histórico; pero «todavía» no está perseguido el delincuente (¿común?, ¿cultural?, ¿social?, ¿político?) que arruina con su com­portamiento y acciones (profesio­nales, económicas, políticas) la supervivencia de un producto de utilidad pública y jerarquía social, cultural, política y cívica bien evi­dente.

El caso «Informaciones» aporta a los legisladores las bases para el estudio, análisis y proposición de una normativa legal que penalice este tipo de delitos, a través de la casuística siguiente:

— Existe un producto bien identificable físicamente: y puede describirse. minuciosamente, el pro­ceso político y profesional que ha conducido a su gravísimo deterio­ro moral, ético, profesional, hasta amenazar de modo definitivo su supervivencia. Es posible analizar detalladamente e) proceso do su  hundimiento ético e informativo (preludio del lógico hundimiento empresarial subsiguiente); y es posible citar por su nombre de pila a los eventuales responsables de esta catástrofe perpetrada cínica y fríamente, destruyendo el patri­monio público y colectivo (lectores y trabajadores) a través de una actividad que puede juzgarse diá­fanamente según principios mora­les bien definidos (fundamentos deseables de cualquier código de justicia).

– Existen unas víctimas objeti­vas y unas víctimas subjetivas (productores de la mercancía y los bienes expoliados; consumidores de una mercancía socialmente útil), que deben exigir responsabi­lidades económicas, jurídicas, civiles y penales, ante los mismos tribunales que juzgan a un pirómano, a un ladrón, a un traficante de objetos religiosos robados o com­prados en oscuras condiciones en cualquiera de las parroquias de nuestro esquilmado patrimonio histórico y cultural.

Diario 16/28-abril-80

Blog de Juan Pedro Quiñonero

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