Dardo Gómez*

La complicidad de los grandes medios argentinos y de muchos de sus periodistas fue necesaria para pretender ocultar a la población de ese país y justificar ante el mundo las atrocidades contra los derechos humanos cometidos en ese país entre 1976 y 1983.

A principios de este año fue presentado en Buenos Aires el informe “Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de estado”; una investigación realizada desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina), el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos.

Esta informe es parte del “proceso de memoria, verdad y justicia” que se viene desarrollando en la Argentina desde 1985 y que, superando todas las trabas, ha conseguido que cientos de causas judiciales fueran reabiertas o iniciadas gracias la derogación de las leyes que pretendían la impunidad de los genocidas. Alcanzada la etapa de las inculpaciones a los militares; se han abierto instancias para llevar ante la Justicia a otras instancias sociales y averiguar, por ejemplo, cuál fe la participación empresarial en la represión.

Entre las 25 empresas que aparecen en este informe aparece la editora del diario “La Nueva Provincia” de la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. La imputación contra sus dueños y directivos y, en particular a su dueña Diana Julio de Massot, es de haber solicitado a los militares de esa zona que secuestraran y asesinaran a dos de sus trabajadores, los sindicalistas Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

Además, las evidencias aportan que la dirección empresarial de “La Nueva Provincia” facilitaba información y datos concretos sobre los trabajadores del diario que habían participado en conflictos colectivos.

La Fiscalía ha hecho constar, que tanto el diario como la radio y TV del Grupo habían hecho “aportes esenciales en el «ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica realizadas al servicio de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar.”

Es cierto que esta complicidad de colaboración con el régimen era generalizada y solo unos pocos medios no incurrieron en esa bajeza ética. Un caso notable es el de la Editorial Atlántida, editora de gran número de revistas semanales dirigidas a distintos públicos.

Al servicio del horror

El 10 de septiembre de 1979 en su revista femenina “Para Ti”, Atlántida publicó la entrevista titulada “Habla la madre de un subversivo muerto”, donde se hacía hablar a Thelma Jara de Cabezas, una secuestrada en el centro ESMA; que había sido sacada de esa prisión clandestina, acicalada y conducida a la conocida “Confitería La Violeta” de Buenos Aires, cerrada al efecto.

Allí fue entrevistada, al dictado de sus carceleros, por el periodista Alberto Escola y el fotógrafo Alberto «Tito» La Penna. En el juicio ambos declinaron responsabilidades en su jefe de redacción, Alejandro Botinelli, que fue procesado hace un año. La Cámara Federal de Buenos Aires revocó el procesamiento por falta de pruebas de su participación.

Thelma Jara también fue “entrevistada”, unos meses antes, por el periódico uruguayo “News World”, que ubicó la entrevista falsamente en Uruguay. “Para Ti” la cita como antecedente de “un testimonio esclarecedor y tremendo que descubre los métodos de la subversión”.

La misma Editorial Atlántida puso a todas sus publicaciones a la tarea de contrarrestar las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos en el país. Descubrió una supuesta “campaña antiargentina” desarrollada por los exiliados en Europa liderados por el escritor Julio Cortázar. Samuel Gelblung, jefe de redacción de la revista Gente, publicó desde París el artículo “Cara a cara con los jefes de la campaña antiargentina” donde dice que “El terrorismo abrió un frente externo. (…) Pero el país no está desarmado para hacerles frente. Debe contrarrestar con la verdad, su arma más poderosa, esa campaña.”

El caso Papel Prensa

Aunque quizá los mayores beneficiados de su complicidad con el genocidio argentino hayan sido los periódicos “Clarín” y “La Nación”, involucrados no solo en el ocultamiento de las muertes y desapariciones de ciudadanos, sino también en una operación de apoderamiento ilícito de la empresa “Papel Prensa”.

Esta es la única productora en la Argentina de ese insumo y que era propiedad de David Graiver; cuando este murió en un accidente aéreo nunca aclarado a pocos meses del golpe de estado, varios medios comenzaron a difundir su presunta vinculación con la guerrilla “Montoneros”.

El diario Clarín incluye ese supuesto en ocho de sus ediciones entre septiembre y octubre de ese año. La Nación hace lo propio en tres ediciones de octubre y las revistas Gente y Somos, de Atlántida, publicaron un informe vinculando Graiver con la guerrilla ese mismo octubre.

Cuando la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, regresó al país en septiembre de 1976 fue presionada para vender las acciones de Papel Prensa SA a los diarios Clarín, La Nación y La Razón,(este ya desaparecido).

El miedo hizo claudicar a la familia Graiver y la operación se realizó a través de la sociedad interpuesta FAPEL, creado para ese fin. Al término del acto de venta el abogado del diario Clarín, Bernardo Sofovich, advirtió a Lidia Papaleo que deberían salir del país esa misma noche y guardar silencio sobre la operación. Lo que no hicieron. En los meses siguientes todos los familiares y socios de David Graiver fueron presos, muertos o desaparecidos.

De la tortura a la concentración

La desaparecida revista Somos, que fue el adalid de la defensa del genocidio, publicó distintos artículos donde se mostraba a centros de reclusión y tortura tan conocidos como la ESMA –hoy recuperado como “Museo de la Memoria”-  como “centros de recuperación de detenidos” o “cárceles de especial seguridad” donde los supuestos subversivos eran conducidos para su reinserción social y “atendidos por psicólogos, médicos y sacerdotes”. Las fotos que acompañaban esos artículos atestiguan que este medio tanto como otros y sus redactores conocían perfectamente la existencia y ubicación de estos centros clandestinos y a qué se dedicaban.

Una resultante de este trapicheo con las vidas y derechos de las personas fue la desregulación de la propiedad de los medios dictada por los militares, lo que facilitó al Grupo Clarín erigirse en una de las mayores concentraciones de medios sudamericanos. Concentración a la que ponía punto final la llamada “Ley de Medios”, recientemente derogada por el Gobierno de Mauricio Macri y tan perversamente contada por los medios españoles.

Pero, este es otro capítulo de la misma historia…

(*) Ha sido presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)