La transición española tuvo que lidiar con el asunto de la prensa pública heredada del aparato propagandístico de Falange española, más tarde convertida en prensa del movimiento nacional. Era una amplia cadena de periódicos con presencia en todas las provincias de España y con cabeceras que tuvieron una tirada importante, como Pueblo en Madrid, La Nueva España de Asturias o Levante en Valencia.

La dirección de estos medios se adaptó rápidamente al nuevo contexto democrático por decisión gubernamental y el empuje de sus plantillas, donde habitaba la inquietud política de la época conviviendo con los clásicos elementos reaccionarios del viejo régimen.

Los sectores más progresistas de los trabajadores de esa prensa plantearon el mantenimiento de la propiedad pública de la cadena de periódicos como primera opción. Desestimada ésta, intentaron favorecer la creación de cooperativas o sociedades anónimas laborales que se quedaran con la propiedad. Pero esa opción fracasó en la mayoría de los casos. El gobierno ofreció a los trabajadores pasar a la administración del estado y esa fue la opción mayoritaria. Sólo en el diario Sur de Málaga hubo 88 empleados que se lanzaron a la formación de una SAL que contó con un importante apoyo popular.

Desde fuera de la cadena, los empresarios de prensa privados perseguían quedarse con los mejores medios, actualizados tecnológicamente por el estado. Otra opción era la de los antiguos propietarios de prensa republicana incautada por el franquismo, que reclamaban una devolución de su patrimonio en esta operación. Los primeros consiguieron sus objetivos en gran medida mientras que los segundos recibieron un sonoro portazo en las narices a pesar de las promesas del partido socialista antes de llegar al poder.

Mario Trinidad fue subsecretario de cultura y defendió la decisión del PSOE como una muestra del sentido de estado del partido, inclinado a cerrar un capítulo de la historia. Lo dijo durante el debate que el programa La Clave, moderado por José Luis Balbín, dedicó al tema de la prensa del estado en 1984. Frente a esta posición se situó Miguel Ángel Aguilar, que mencionó reiteradamente el caso de los propietarios de Heraldo de Madrid, incautado por Falange en 1939.

Defendiendo las posiciones de los trabajadores participó José Manuel Ponte, presidente del comité intercentros de la cadena de prensa. A su lado, Joaquín Marín, del diario Sur de Málaga, explicaba la experiencia exitosa de su socialización, que con el tiempo derivaría en la venta del periódico al grupo Vocento.

Representando la visión del staff periodístico del antiguo régimen, Emilio Romero, ex director de Pueblo, y José Molina Plata, que también dirigió periódicos de la cadena del movimiento y defendió con ardor la libertad de los periodistas que trabajaron en ella.

Son casi tres horas de debate televisivo con mucha información y dosis elevadas de polémica por las visiones ideológicas de la época que se confrontaban e iban perdiendo terreno ante la gestión pragmática de los sucesivos gobiernos socialistas.

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