Miguel Ángel Gozalo

Dos anécdotas, de entrada, para ilustrar lo que fue la censura de prensa que vivió España durante el franquismo. Una es de Luis Calvo, gran director de «ABC» en los años 40, que escribió un artículo sobre el idioma español con motivo del Día de la Raza. Un censor le llama para reprocharle que haga propaganda monárquica al hablar de «la lengua de Alfonso X el Sabio», y le conmina a que ponga «la lengua de Cervantes», bajo la amenaza de prohibir el artículo. Días después, Guillermo Luca de Tena, propietario del periódico, se queja ante Franco, que le dice: «Estoy rodeado de idiotas». Pero el llamado Caudillo permitió que esos idiotas siguieran usando su lápiz rojo casi treinta años más.

La otra tiene como protagonista a un gran periodista del diario «Madrid», José Montero Alonso. «Monterito», como le llamaba sus compañeros, advirtió que en la crónica de un viaje a Franco a Burgos, de inserción obligatoria, enviada desde la Dirección General de Prensa, se decía que al entrar el Jefe del Estado en la catedral «doblaron todas las campanas». El periodista llama a la censura, pidiendo permiso para corregir el verbo. El censor se niega. Las campanas doblan, y punto. Venganza de «Monterito»: una cuarteta que circula por todas las redacciones de Madrid y que dice así: «El doblar, que es toque serio / puede serlo de optimismo/ si lo manda el Ministerio/ de Información y Turismo».

La desconfianza hacia la prensa por parte de los políticos es tan vieja como la propia prensa. En cuanto el primer pasquín apareció pegado a una pared surgió el primer censor. Es probable que alguien se asomara por encima del hombro de Gutenberg, cuando empezó a leer el primoroso y titubeante pergamino impreso con su revolucionario invento, para decirle: «Y esto, ¿lo va a poder leer todo el mundo?». Una definición muy solvente de noticia es la que proclama que es algo que alguien, en algún lugar, no quiere que se publique.

Pero, cuando se trata de la libertad de prensa, a los políticos se les llena la boca con la palabra libertad. Libertad, escribo tu nombre. Nadie quiere parecer liberticida. Son pocos los que se atreven a repetir aquello de Lenin: «¿Para qué autorizar la libertad de prensa? ¿Por qué el Gobierno debe permitir que se le critique cuando hace lo que cree que debe hacer?». Los impetuosos dirigentes del emergente partido Podemos, al que se acusa de desprender cierto aroma bolivariano, se atrevieron a insinuar algo en relación con el control de la prensa, y un sinfín de comentaristas se les echaron a la yugular.

En España hubo censura de prensa hasta la promulgación de la Ley de Fraga, en 1966. Pero con aquella ley, que ponía fin al régimen de prensa de la guerra civil, mantenido como si fuera una práctica de cuartel durante casi treinta años –y que consistía en algo tan simple como someter los textos al lápiz rojo de los censores–, no se abrieron del todo las ventanas. Manuel Fraga Iribarne, un político de aliento poderoso y mucha ambición, era consciente, cuando fue llamado por Franco a ocupar la cartera del Ministerio de Información y Turismo en 1962, de que sólo una dictadura impresentable se puede permitir el lujo de mantener la mordaza sobre la prensa. De ahí que ideara una Ley aperturista, pero hecha de cautelas, en la que al enunciado primero, que proclamaba que en España había libertad de expresión, seguía un artículo 2 lleno de restricciones.

El artículo 2 era el contrapeso a la apertura. Estas eran las limitaciones que imponía: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa nacional; la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar.

Sobre el artículo 2 y sus consecuencias se ha escrito miles de páginas en las que se da pormenorizada cuenta de los múltiples expedientes sancionadores y de la permanente batalla que supuso entre quienes querían que la libertad de prensa lo fuese de verdad –hay tres ejemplos emblemáticos, las revistas «Cuadernos para el diálogo» y «Triunfo», y el diario «Madrid», muerto en el empeño con voladura y todo– y el ejército de los censores dependientes del Ministerio de Información y Turismo.

¿Era posible tener una prensa libre con tal número de cortapisas? Lo resumió muy bien Miguel Delibes, que tuvo que dejar la dirección del periódico «El Norte de Castilla» porque no quería someterse a la presión de Fraga en los años previos a su Ley de Prensa: «Antes te obligaban a escribir lo que no sentías, ahora se conforman con prohibirte que escribas lo que sientes, algo hemos ganado».

Había una fórmula que permitía a los responsables de los diarios liberarse de riesgos y angustias: acogerse a la consulta voluntaria. Si mandabas el texto a la censura previa era como si te confesaras: absolución del posible pecado, incluso sin penitencia. Pero la mayor parte de los que después recibieron sanciones no se acogieron a ese perdón previo. Son los pequeños héroes caídos en combate. A Antonio Fontán, director del diario «Madrid», la IPI (Instituto Internacional de Prensa) le concedió justamente el título de «Héroe de la Libertad de Prensa», en el año 2000, en Boston, como uno de los 50 galardonados de todo el mundo.

Lo que sí que fue inevitable que se instalara en la vida periodística española, pese a la indudable apertura que supuso la Ley de 1966, fue una censura silenciosa, oculta, que no se atrevía a decir su nombre. Era la autocensura. No corráis, que es peor. Pero si se echaba la mirada un poco atrás, y se recordaban las anécdotas innumerables del pasado en la lucha con la censura, se podía decir, con Delibes, que algo habíamos ganado.